El Gobierno nacional solicitó medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. El reclamo apunta a preservar los derechos soberanos argentinos, evitar avances unilaterales del Reino Unido y prevenir posibles daños al medio marino.
La Argentina presentó una solicitud ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte, al norte de las Islas Malvinas.
La presentación, realizada el 13 de octubre, busca impedir que el Reino Unido autorice nuevas actividades de explotación de hidrocarburos en la plataforma continental reclamada por la Argentina. La iniciativa se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno nacional inició el 28 de septiembre, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Cuatro ejes del reclamo argentino
Entre las medidas solicitadas se encuentra la suspensión de las actividades vinculadas con la explotación petrolera, así como el pedido de que el Reino Unido se abstenga de utilizar en perjuicio de la Argentina la información obtenida durante las exploraciones en las áreas marítimas en disputa.
El planteo también contempla la protección del medio marino y la necesidad de evitar nuevas autorizaciones para la explotación de hidrocarburos que puedan profundizar la controversia entre ambos países.
La solicitud se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que habilita al Tribunal a disponer medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral, cuando se cumplen las condiciones previstas por la normativa internacional.
Un proyecto con inicio de producción previsto para 2028
El proyecto Sea Lion es desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration y contempla la extracción de petróleo en aguas al norte del archipiélago. Según las previsiones difundidas, el inicio de la producción comercial está proyectado para 2028.
La iniciativa genera cuestionamientos por sus implicancias en la disputa de soberanía y por los posibles riesgos ambientales asociados con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
La preservación de los ecosistemas marinos constituye uno de los argumentos del planteo argentino, que busca evitar daños al ambiente y resguardar los recursos naturales de la plataforma continental.
La disputa también se traslada al plano internacional
La presentación ante el Tribunal del Mar suma una nueva instancia jurídica al conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas y los recursos naturales de los espacios marítimos circundantes.
Mientras la Argentina sostiene que las actividades autorizadas unilateralmente afectan sus derechos soberanos, el Reino Unido defiende la explotación de los recursos naturales en las islas. La controversia combina así dimensiones diplomáticas, jurídicas, económicas y ambientales.
La decisión del Tribunal será clave para determinar si corresponde establecer medidas provisionales mientras continúa el procedimiento arbitral. La solicitud argentina, por sí sola, no implica que la explotación petrolera haya sido suspendida internacionalmente.