Aunque la norma convirtió a Argentina en pionera global en protección de glaciares, su aplicación enfrenta vacíos normativos, presiones de la megaminería y escasa vigilancia en territorio.
Este 2025 se cumplen quince años desde la sanción de la Ley de Glaciares, nacida de la presión ciudadana, científica y ambiental. La norma fue reconocida como un hito legal al declarar los glaciares y el ambiente periglacial como patrimonio estratégico y reservas de agua nacional.
Sin embargo, en este lapso han emergido múltiples desafíos. El retroceso acelerado de los glaciares, intensificado por el cambio climático, resalta la urgencia de aplicar controles efectivos y garantizar medidas de protección reales.
Además, sectores vinculados a la megaminería han intentado limitar el alcance de la ley e impulsar proyectos extractivos incluso en zonas que deberían estar protegidas.
Un respaldo clave para la ley fue el fallo de la Corte Suprema que en 2019 reafirmó su constitucionalidad, estableciendo que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes públicos y que los derechos colectivos (como el agua) prevalecen ante intereses privados.
Desde las comunidades locales, se denuncian incumplimientos persistentes: caso Veladero —donde un derrame afectó la cuenca de Jáchal— es citado como ejemplo. En esa zona, un juez halló que se impidió inventariar glaciares conforme a lo exigido por la norma, con consecuencias sobre derechos fundamentales como el acceso al agua.
Con vistas al futuro, los expertos coinciden en que reforzar el cumplimiento es central: entre las demandas figuran aumentar el presupuesto y los recursos humanos para monitoreo, transparentar información pública, modernizar el inventario de glaciares, y blindar la ley frente a eventuales modificaciones que diluyan sus obligaciones.