Tribunales federales acumularon sucesivos fallos contra la administración republicana, bloqueando sus intentos de flexibilizar los límites de contaminación del aire y reactivando millonarios fondos climáticos que la EPA buscaba cancelar.
La administración de Donald Trump enfrenta una serie de reveses judiciales en los tribunales federales de Estados Unidos tras reiterados intentos de desmantelar regulaciones ecológicas y dar de baja programas de transición energética. Las decisiones de distintos magistrados se han concentrado principalmente sobre las medidas impulsadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), poniendo límites a la estrategia oficial de desregulación ambiental.
Uno de los principales choques legales ocurrió en torno a los estándares de emisión de partículas finas (hollín) fijados durante 2024. El gobierno buscó debilitar estas pautas aprovechando litigios previos en lugar de iniciar un nuevo proceso normativo; sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington D. C. ratificó de forma unánime las exigencias más estrictas, mientras que un juzgado de California obligó a la EPA a acatar los plazos legales de aplicación que la agencia venía postergando.
La ofensiva judicial también alcanzó el bloqueo de subvenciones climáticas multimillonarias creadas bajo la gestión anterior. En Carolina del Sur, la Justicia calificó como «arbitraria, caprichosa e ilegal» la anulación del programa de subsidios para la Justicia Ambiental y Climática y ordenó su reactivación inmediata. A su vez, el tribunal de apelaciones de la capital falló contra la suspensión del Fondo para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero —dotado con 20.000 millones de dólares—, decisión que la EPA anticipó que llevará ante la Corte Suprema. Como contrapartida procesal, el organismo solo logró que se desestimara por cuestiones de competencia una demanda vinculada al plan Solar for All (7.000 millones de dólares).
Frente a este escenario, voceros de la EPA defendieron la postura oficial argumentando su apego a la Ley de Aire Limpio y destacando victorias judiciales menores, como la flexibilización de plazos para plantas siderúrgicas y el aval técnico a fórmulas de cálculo de emisiones industriales. Por su parte, organizaciones civiles y especialistas en derecho ambiental de la Universidad de Harvard remarcaron que el Poder Judicial está marcando un límite explícito a la intención del Ejecutivo de reducir unilateralmente sus potestades de control.
Pese a los triunfos legales que obligan a sostener las normas y los fondos, expertos advierten que las trabas burocráticas y las dilaciones procesales ya provocaron una sensible pérdida de tiempo en la carrera por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global.