A través de la Resolución 64/2026 de la Secretaría de Minería, el Ejecutivo derogó el plan de asistencia técnica y financiamiento a las provincias. El argumento oficial apunta a la reducción del gasto y la simplificación administrativa, en un contexto de fuerte impulso a las inversiones extractivas.
El Gobierno nacional formalizó la derogación de un paquete de ocho normativas vinculadas a la regulación y el control de la actividad minera. Entre las medidas alcanzadas figura la eliminación del Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería, un esquema creado en 2022 con el objetivo de dotar de recursos técnicos, infraestructura y financiamiento a las provincias para fiscalizar los emprendimientos extractivos en sus territorios.
La disposición, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma del secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, fue justificada desde el Ejecutivo como un paso necesario para «simplificar la administración pública, racionalizar el gasto y eliminar programas obsoletos». No obstante, la resolución menciona que las tareas serán asumidas por «mecanismos alternativos más eficientes», aunque sin precisar plazos de implementación, presupuestos asignados ni qué organismos se encargarán de coordinarlos.
El programa suprimido cumplía un rol clave en la articulación federal: financiaba la capacitación de inspectores provinciales, facilitaba la adquisición de instrumental técnico, promovía la cooperación con universidades y alimentaba el Sistema de Información Abierta sobre Minería para transparentar los datos ambientales ante las comunidades locales. Si bien las provincias conservan la potestad legal y la obligación de evaluar y fiscalizar los proyectos según el Código de Minería, la baja de este fondo debilita las capacidades operativas en jurisdicciones con menores recursos presupuestarios.
Junto a esta iniciativa ambiental, la cartera minera dio de baja otras normativas históricas, entre ellas el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, adecuaciones del Plan Nacional de Minería Social, la Mesa Técnica de Análisis de Importaciones, la Red Federal de Mujeres Mineras y diversos circuitos de transferencia de fondos. Pese a ello, las autoridades aclararon que los convenios vigentes continuarán en ejecución hasta su finalización y se mantendrán las rendiciones de cuentas pendientes.
La decisión administrativa genera interrogantes en el sector y organizaciones ambientales, dado que coincide con una etapa de fuerte promoción gubernamental hacia proyectos de gran escala vinculados al litio, cobre, oro y plata. En ese marco, especialistas advierten sobre la contradicción de acelerar la llegada de inversiones extractivas mientras se reducen los canales institucionales de supervisión y control ambiental.